EL TIEMPO
El abogado Romero Sáenz Galindo fue acusado de usurpar funciones que sólo competen al Municipio, y simular un acto jurídico, con la intención de despojar de un punto de venta a un reconocido comerciante fronterense, con la anuencia y apoyo del director de Transporte y Vialidad, Omar Villarreal.
La denuncia pública fue realizada por el propietario de “Tacos Checo”, el cual se ubica sobre la calle Francisco I. Madero de la Zona Centro, justo frente al centro comercial Bomer, lugar donde se ha mantenido por más de 18 años, pagando sus respectivos impuestos al Municipio.
El acoso hacia el comerciante inició hace poco tiempo, cuando el citado abogado, llegó indicándoles que tenían que moverse del lugar, pues la propietaria del local 401, Olga Abud Chamil, había vendido el inmueble, y necesitaba que se quitaran del sitio.
El abogado mostró una copia de un presunto oficio donde se hacía la solicitud al Municipio para prohibir el estacionamiento frente al local, pero en este se indica claramente, el número 401, mientras que el puesto está frente al 403, y debido a que dicha orden sólo corresponde darla el Municipio o a la Policía, con su respectiva orden escrita, el comerciante hizo caso omiso.
Sin embargo, indicó el quejoso, el pasado domingo, el licenciado Romeo Sáenz, en actitud déspota y arbitrariamente, llegó de nuevo al puesto y les exigió retirarlo o de lo contrario tomaría represalias, a la vez que les mostraba una copia de la copia anterior del “oficio”, el cual difiere por unas anotaciones.
El abogado llegó junto con otro sujeto, y comenzaron a cavar en la banqueta, para luego instalar a medias, dos señalamientos malhechos, de “Estacionamiento Exclusivo”, sólo en el área que utiliza el puesto, e incluso ordenó que lo cerraran para instalar uno en medio para estorbar el ventanal, y así evitar que estos pudieran abrirlo nuevamente, a lo cual las empleadas se negaron.
Esto provocó el enojo del litigante, quien despotricó en contra de los presentes, asegurando que contaba con todo el apoyo del Director de Vialidad y Transporte, y otras autoridades y volvería con la Policía para removerlos del lugar.
Ante tal situación, y ante el temor de que efectivamente el director de Vialidad y Transporte solape dichas acciones, el comerciante decidió hacer la denuncia pública, destacando que el abogado recayó en la usurpación de funciones del Municipio al instalar los señalamientos gráficos, hecho que sólo le corresponde a la autoridad, y simuló un acto judicial, al querer “removerlos” del sitio sin una orden de algún juez o autoridad competente, con el uso de simples copias.
Así mismo, indicó que tuvo contacto con la propietaria del local, quien negó que el inmueble esté en venta o que haya realizado algún procedimiento legal reciente.
