CD. DE MÉXICO.- Por unanimidad, el Senado aprobó la minuta que expide la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, en la cual se prevén penas de hasta 30 años de prisión.
Esto cuando en la comisión de este delito estén involucrados servidores públicos o las víctimas sean niños, mujeres, indígenas, personas con discapacidad o haya sido sometida a cualquier forma de violencia sexual.
Con 90 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones, la Cámara Alta avaló el dictamen que ya había sido enviada a Diputados como cámara revisora, por lo que el decreto se remitió al Ejecutivo para su publicación.
La nueva ley establece la prohibición absoluta de la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, y contempla penas de hasta 30 años de prisión para los servidores públicos que incurran en este tipo de prácticas.
La nueva legislación señala que comete el delito de tortura el servidor público que cause dolor o sufrimiento físico o psicológico a una persona, para obtener información o una confesión con fines de investigación criminal.
Con los cambios realizados por los Diputados, se establece que el delito de tortura será imprescriptible y se perseguirá de oficio, por denuncia, noticia o vista de la autoridad judicial.
Se estableció que las pruebas obtenidas a través de la tortura y de cualquier otra violación a los Derechos Humanos carecerán de valor probatorio ante los Juzgados y Tribunales.
