[quote]La Fiscalía de Honduras anunció la detención de cuatro personas por el asesinato de Berta Cáceres, uno de ellos era empleado de la empresa que supuestamente había amenazado a la activista[/quote]
AGENCIAS / EL TIEMPO
Tegucigalpa, Honduras.- Cuatro personas fueron detenidas en Honduras por sospechas de participar en el asesinato de la ambientalista Berta Cáceres en marzo pasado, informó el portavoz de la fiscalía.
El portavoz del Ministerio Público, Yuri Mora, indicó que cuatro personas habían sido detenidas por su posible implicación en el asesinato de Cáceres.
El Ministerio Público informó en un comunicado que los detenidos son Sergio Antonio Rodríguez Orellana, Douglas Geovanny Bustillo, Mariana Díaz Chávez y Edilson Atilio Duarte Meza.
Indicó que "la acción promovida ante los tribunales de la República por el delito de asesinato en perjuicio de Berta Cáceres Flores y de asesinato en su grado de ejecución de tentativa contra testigo protegido (el mexicano Gustavo Castro, está) sustentado en evidencia probatoria (...) en pruebas científicas".
La captura, según el informe, se produjo en operativos policiales en la capital y en los puertos de La Ceiba y Trujillo.
Según medios locales, el detenido Rodríguez Orellana, de 49 años, es empleado de la empresa Desarrollos Eléctricos S.A. (DESA), con la cual Cáceres tuvo fuertes disputas.
La ambientalista, coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), fue asesinada a tiros la madrugada del 3 de marzo por desconocidos que entraron a su vivienda en la localidad de La Esperanza.
Durante el ataque, se encontraba junto a Cáceres el medioambientalista mexicano Gustavo Castro, quien resultó levemente herido y a quien el gobierno de Honduras le impidió dejar el país por casi un mes.
Berta Cáceres gozaba de medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) luego de haber denunciado amenazas de DESA por encabezar movilizaciones contra la construcción de de una represa de esa empresa en el río Gualcarque, en las comunidades indígenas lencas.
Copinh, familiares y otras agrupaciones sociales exigen al gobierno nombrar una comisión con el apoyo de la CIDH para investigar el crimen de la ambientalista.
