Al discutir los resultados de la fiscalización del gasto ordinario 2018, los consejeros arremetieron en contra de la pretensión de Morena para ocupar su mayoría en el Congreso para modificar la Constitución y eliminar las sanciones impuestas a los partidos.
El Instituto Nacional Electoral (INE) calificó como un atentado a la democracia la pretensión del Legislativo de buscar hacer modificaciones constitucionales que consideran pretenden el regreso de un partido hegemónico y de un pasado autoritario que México superó.
Los consejeros cuestionaron que se pretenda modificar la Constitución para permitir a los partidos desempeñar una labor social, eliminar el padrón electoral, y reducir las prerrogativas que reciben a cambio de indultar las multas que se les han impuesto por violar la ley.
En su intervención, la consejera Pamela San Martin consideró que las iniciativas que se plantean incluso van en contra de la premisa de austeridad que tanto pregonan, ya lo que realmente buscan es validar las conductas que están prohibidas por la propia Constitución y que fueron objeto de sanción a los partidos políticos.
“Esto es un golpe a la democracia, es un golpe al propio sistema de partidos, esto es algo absolutamente inválido en un sistema democrático y además es algo que es tramposo porque no cumple con esa premisa original de la austeridad de los partidos políticos”, señaló San Martín.
En su oportunidad, el consejero Marco Antonio Baños consideró irónico que el Legislativo plantee evitar las condonaciones de impuestos y por otra parte busque eliminar todas las sanciones que tienen los partidos y que incluso ya fueron validadas por la propia autoridad jurisdiccional.
La consejera Claudia Zavala alertó que estas iniciativas lo que realmente buscan es "debilitar al Estado" ya que pretenden eliminar la obligación que tenían de regresar el dinero que no ejercieron y además eliminar el padrón electoral.
El consejero Jaime Rivera calificó estas iniciativas como un intento de regresar a sólo un partido hegemónico que controle todo, dejando sólo a algunos partidos que reciban financiamiento, pero que abandonarían la casusa que se le otorgó desde la Constitución de 1971.
“Quienes apoyaran esto se delatarían como antidemocráticos que añoran un pasado autoritario del que México se liberó hace unos años, pretenden no sólo hacer partidos oligárquicos sino máquinas para hacer dinero”, alertó.
