AGENCIAS / EL TIEMPO
CARACAS, VEN.- La Asamblea Nacional Constituyente instaurada por el oficialismo en Venezuela hará responsables a las empresas proveedoras por los mensajes en las redes sociales que inciten al odio y la intolerancia, anunció ayer en un acto público la Presidenta del órgano, Delcy Rodríguez. "Vamos a regular los mensajes en los medios de comunicación y principalmente en las empresas proveedoras de estos mensajes en las redes sociales", afirmó Rodríguez.
"Las empresas serán responsables de la difusión de mensajes de esta naturaleza", añadió. La Constituyente anunció que aprobará una Ley contra el odio y la intolerancia que se ocupará de regular la difusión de contenidos en los medios de comunicación y en las redes sociales.
"Tenemos que con esta ley (...) podamos sanar las heridas de la violencia producto de la intolerancia", señaló la líder de la Asamblea Constituyente durante una gira por provincias para recabar ideas para la Ley contra el odio. En la línea ya habitual del oficialismo, Rodríguez atribuyó la violencia en las marchas antigubernamentales que sacudieron el país entre abril y agosto de este año a delitos de odio contra algunos venezolanos por su orientación política chavista y bolivariana.
"Ha estado dirigido el odio y la intolerancia contra un grupo político en Venezuela, contra el chavismo, contra los bolivarianos y contra las bolivarianas", indicó la funcionaria que incluyó el supuesto sentimiento en una lista de delitos de odio en la que también mencionó la discriminación de raza, clase y orientación sexual.
Rodríguez acusó a la derecha (como se refieren a la oposición desde el oficialismo) de propagar el odio en las redes sociales, y habló de la Ley contra el odio como un instrumento para acabar con este fenómeno. La presidenta de la Constituyente se refirió una vez más al caso de Ruanda (donde unas 800 mil personas murieron en un genocidio ocasionado por las tensiones étnicas en 1994) como ejemplo de los resultados de los mensajes de odio.
Más de 120 personas murieron en las protestas contra el Gobierno de este año en Venezuela, que se saldaron con enfrentamientos casi diarios con las fuerzas de seguridad. Organizaciones proderechos humanos y Naciones Unidas responsabilizaron de muchas de las muertes a agentes de la seguridad del Estado y a grupos de civiles armados partidarios del Gobierno.
