AGENCIAS / EL TIEMPO
KABUL, AFGANISTÁN.- Al menos diez personas murieron, entre las cuales se encuentran los agresores, y veintiséis resultaron heridas ayer miércoles, en el ataque adjudicado por el autodenominado Estado Islámico a una sede de la organización humanitaria Save the Children en Jalalabad, en el este de Afganistán.
Durante casi diez horas, cuatro miembros de la organización terrorista llevaron a cabo un ataque contra la sede de Save the Children en la capital de la provincia de Nangarhar, principal bastión del grupo yihadista en Afganistán.
El asalto pudo haber dejado un mayor número de víctimas si 46 empleados de la ONG no hubieran sido rescatados por las fuerzas de seguridad afganas, aseguró el portavoz del Gobernador de Nangarhar, Attaullah Khogyanai.
"Entre los muertos hay dos empleados y un guardia de seguridad de Save the Children, un civil que pasaba por el lugar durante al ataque y un miembro de las fuerzas de seguridad", señaló Khogyanai.
Los hechos comenzaron cerca de las 09:10 horas (tiempo local), momento en el que un suicida detonó un coche bomba para dar paso a cuatro atacantes que penetraron en el edificio. La sede de la organización de protección a los niños en esta zona particularmente castigada por el conflicto se convirtió en un campo de batalla entre los atacantes y las fuerzas de seguridad afganas que despejaron los tres pisos del inmueble mientras los trabajadores de la ONG era evacuados.
La operación continuó en la tercera planta, la última del edificio, en la que se atrincheró un terrorista herido, según Zabihullah Zmarai, miembro del consejo provincial de Nangarhar presente en la zona durante la operación. Finalmente, tras 9 horas y 40 minutos, las fuerzas afganas abatieron al último agresor.
De acuerdo con Inamullah Myakhil, portavoz del Directorio de Salud Pública de Nangarhar, de los 26 heridos, 19 fueron dados de alta con lesiones menores y 7 permanecen en el hospital, aunque ninguno se encuentra en estado crítico.
El autodenominado Estado Islámico reivindicó el asalto en un comunicado difundido por la agencia Amaq, vinculada a los yihadistas, en la que afirmó que la operación de martirio tenía como objetivo dos instituciones extranjeras, una británica y una sueca, y un organismo gubernamental afgano.
El ataque ha provocado el repudio general de organismos internacionales e instituciones públicas y la reacción de Save the Children, que anunció en un comunicado la suspensión temporal de sus operaciones en Afganistán. La organización ha dejado, no obstante, la puerta abierta a reanudar sus operaciones tan rápido como sea posible, si las condiciones de seguridad lo permiten. "Nuestra mayor preocupación sigue siendo garantizar la seguridad de todo nuestro personal.
En respuesta, todos nuestros programas en Afganistán han sido temporalmente suspendidos y nuestras oficinas están cerradas", manifestó la ONG. El Presidente afgano, Ashraf Gani, condenó el atentado, el cual calificó de crimen en un comunicado en el que aseguró que el Gobierno aumentará las medidas de seguridad para las organizaciones internacionales y sus trabajadores. Adele Khodr, jefa en funciones de la Oficina de Coordinación Humanitaria de la ONU (OCHA) en Afganistán, se declaró consternada e indignada y recordó a todas las partes del conflicto afgano que su obligación es proteger a civiles y trabajadores humanitarios.
La agresión es el segundo ataque contra civiles en cinco días en Afganistán, después de que el pasado sábado los talibanes asaltaran el Hotel Intercontinental de Kabul, donde dejaron más de una veintena de muertos. En 2015, el autodenominado Estado Islámico irrumpió en Afganistán y mantiene su principal bastión en Nangarhar, provincia fronteriza con Pakistán y clave en las comunicaciones entre los dos países.
Aunque en los primeros nueve meses de 2017 el cómputo de víctimas civiles por el conflicto descendió en un 6 por ciento, la primera vez que se producía un retroceso desde 2012, las cifras fueron de 2 mil 640 muertos y 5 mil 379 heridos, cifras consideradas como niveles altos, según la ONU. Desde el final de la misión de combate de la OTAN en enero de 2015, el Gobierno de Kabul ha perdido terreno ante los talibanes hasta controlar apenas un 57 por ciento del país, según el inspector especial general para la Reconstrucción de Afganistán (SIGAR) del Congreso de Estados Unidos.
