Son "de dos a tres" órdenes de aprehensión se han logrado cumplimetar en lo que va del primer año de trabajo de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos por Hechos de Corrupción en el caso de funcionarios municipales, y el organismo acumula 64 amparos de parte de ex funcionarios públicos, explicó su titular Jesús Homero Flores Mier.
Señaló que pese a ello se ha logrado imponer medidas cautelares para llevar los juicios, y se espera que en este año se puedan ejecutar al menos 20 órdenes, además de que se han logrado medidas de reparación del daño como lo es el resarcimiento de los recursos públicos.
Actualmente se tienen 147 carpetas de investigación abiertas y más de 60 por ciento son de funcionarios municipales, en cuanto a las áreas que más están incurriendo en corrupción éstas son principalmente en las que fluyen los recursos materiales y económicos, tales como obra pública, adquisiciones y tesorerías municipales.
En cuanto a los hechos de corrupción más frecuentes, principalmente se trata de peculado, cohecho, enriquecimiento ilícito y otorgamiento de contrato indebido.
Durante la presentación de su ponencia “El papel del municipio en el combate a la corrupción, un compromiso de todos”, que tuvo lugar en el marco del Primer Seminario de Capacitación a Municipios llevado a cabo por el Congreso de Coahuila, Flores Mier señaló que según estudios recientes al menos en el 43 por ciento de los procedimientos municipales se incurre en algún hecho de corrupción, principalmente para agilizar los trámites.
A pregunta expresa de uno de los participantes respecto a cómo es posible avanzar en la denuncia de delitos como el cohecho cuando todas las partes tienen responsabilidad y es por ello que en algún momento principalmente los particulares se nieguen a aportar más pruebas, Flores Mier aceptó que es “complicado” pero dijo que corresponde a la Fiscalía a su cargo que una vez hecha la denuncia se agoten las indagatorias independientemente de que el propio promotor retire la acusación.
En entrevista, expresó que de los casos asumidos por la Fiscalía Anticorrupción en el ámbito municipal, ya se encuentran contemplados el exhorto del Congreso respecto a Parras de la Fuente y la adquisición de material por parte del municipio de Ramos Arizpe, en esta última especificó que se indaga la fuente del recurso y si ésta ya estaba o no etiquetado además de que se haya llevado a cabo el procedimiento de asignación de manera correcta.
ASUMEN EMPRESAS FANTASMA, PESE A QUE DELITOS SE COMETIERON ANTES NUEVA LEYEl Fiscal Anticorrupción explicó que en caso de las llamadas empresas fantasma, que de acuerdo al Auditor Superior del Estado Armando Plata data del 2014 y significa desvíos por 475 millones por contratación irregular, el asunto les compete luego de que la propia Auditoría les presentara denuncia en julio pasado, y aunque los delitos se constituyeran antes de que entrara en vigor la ley que creó este organismo, es prácticamente un hecho que no se incurra en violación al principio de retroactividad.
“Tenemos tres semanas revisando las denuncias que existían con anterioridad para ver el esquema de investigación que seguían porque las tenía un agente del Ministerio Público que era quien marcaba la línea, nosotros tenemos ya una denuncia del Auditor Superior sobre el tema de las empresas irregulares y ahorita el monto no lo podemos determinar porque son más de nueve anexos los que estamos revisando”.
El Fiscal dijo que se están realizando reuniones con las autoridades que realizaron el principio de la investigación, y “seguramente la Fiscalía Anticorrupción sería quien atraiga las anteriores carpetas que existieron”.
Recordó que la Auditoría dio vista a la Fiscalía General en el mes de julio de este año y ésta turnó el asunto posteriormente a la Fiscalía Especializada, que lo asumió en conjunto con la Dirección de Unidades de investigación, aunque precisó que aún están en etapa de revisión de la documentación; “queremos ver cuáles son los avances que han tenido y seguir la misma línea de investigación y continuar las indagatorias y declaraciones que han tomado”.
El presunto delito es contratación ilícita y respecto a los funcionarios involucrados dijo que no se han determinado, sin embargo será un gran número. “Estamos analizando junto el contenido de las denuncias anteriores. Por parte de nosotros no se ha citado a funcionarios de la anterior administración, fue la Fiscalía General que es quien llevaba las denuncias anteriores”.
Insistió en que no espera un impedimento legal para proseguir la investigación; “ya hemos visto denuncias de abuso de autoridad que se cometieron en otros años”, precisó.
