GABRIEL ÁNGELES/REPORTERO
Luego de intensas horas de diálogo y negociación y no concretarse nada, quien le tuvo que entrar directo al conflicto para tratar de resolverlo, fue el mismo Secretario de Educación del Gobierno Estatal Jesús Ocho Galindo quien llegó al lugar del conflicto procedente de una gira de trabajo por la región fronteriza.
Allí el funcionario del gabinete legal del Gobierno del Estado propuso la formación de una comitiva integrada por los propios alumnos, quienes aceptaron la propuesta y la realizaron de manera privada al interior de la universidad.
El funcionario fue tajante y dijo que se analizarán el resto de las propuestas, pero aclaró que la Rectora Cecilia de la Garza y sus otras tres compañeras no se van de la institución.
Los puntos de revisión es la creación de la Sociedad de alumnos, revisión de varios reglamentos como el académico y tercero, apoyos para becas, la limpieza fue otro de los tema que también tendrá prioridad.
Relativo a que la Rectora reconoció en una entrevista que no tienen el grado de maestría, que se requiere como requisito para ocupar el cargo de Rectora, Ocho Galindo aseguró que la señalada si cuenta con ella, pero no quiso seguir con el tema según porque ese no era el punto.
Formalizó que se les darán garantías a los manifestantes y enfatizó no habrá represalias, pero aclaró que las mismas garantías a los muchachos serán de acuerdo a como ellos también las den.
Relativo a las acusaciones de tráfico de influencias y conflicto de intereses, respondió que las cafeterías es un problema de todos los planteles de nivel superior.
Jesús Ocho, reiteró que no habrá investigación contra la dirección por el asunto de los maestros que ya se fueron o se dieron de baja, ella señaló que ella llegó a la Rectoría y permanecerá allí por 4 años toda vez que se quiera reelegir, pues asegura que Cecilia de la Garza cumple con el perfil y la maestría que se pide como requisito para ocupar el cargo en la Rectoría.
Por su parte los líderes del movimiento estudiantil con nerviosismo notable después de la reunión, Karla Castaño Oviedo y Eduardo Valadez señalaron que pactaron una prórroga de una semana con las autoridades educativas para dar respuesta a sus peticiones, declarando que no darán más información hasta que sea arreglado el conflicto de manera definitiva.
