EL DIARIO/EL TIEMPO
SALTILLO, COAH.- Con más de 30 años de existir en Coahuila, pero con personalidad jurídica formal desde 2002, la Asociación Estatal de Padres de Familia, A.C. (AEPAF), con sede en la Ciudad de Saltillo, recibe mensualmente recursos públicos del Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Educación Pública de Coahuila (SEDU), y aunque está obligada por Ley a rendir cuentas opera en completa opacidad al no transparentar el destino de los mismos.
Pese a que la AEPAF tiene como función vigilar la correcta operación de las sociedades de padres de familia en cada una de las escuelas de educación básica del sector público, su propia organización se niega a revelar el recurso que recibe mensualmente por parte del Gobierno del Estado, lo que les permite rentar oficinas en un sector residencial de la ciudad, además de pagar el salario de quienes laboran en esa agrupación.
Por muchos años, la AEPAF estuvo a cargo del ex secretario de Salud en Coahuila, Héctor Mario Zapata de la Garza, quien tras dejar la presidencia de la asociación dejó como encargada temporal a Wendy Valdés Coronado, a quien por motivos de incapacidad fue imposible contactar.
POCOS SABEN QUIÉN REGULA
Desde una liga electrónica en la página principal de la Secretaría de Educación, se puede acceder a un micrositio de la AEPAF, en la que se dan de alta las asociaciones de padres de familia de cada escuela pública de la entidad.
Sin embargo, la AEPAF carece de una página electrónica, y tampoco se sujeta a la Ley de Acceso a la Información pese a ser parte de los sujetos obligados que están en la lista del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información (ICAI).
Javier Omar de la Cruz Zapata, representante legal de la AEPAF, reconoció que hace algunos años, la AEPAF recibía recurso de la Federación Nacional de Padres de Familia, quien era la gestora de recursos ante la SEP federal, pero desde que se conformó la figura legal la AEPAF recibe recursos estatales, pero no precisó el monto por desconocer los manejos administrativos de la asociación.
NO ABARCAN TODOS LOS PLANTELES
Ante la misma complejidad geográfica del estado, de las casi 4 mil escuelas públicas del sector básico que existen en la entidad, la AEPAF tiene registradas a 2 mil 900 escuelas, y de esta cantidad sólo el 70 por ciento actualmente tienen mesas directivas que rinden informes económicos a la asociación.
Anualmente se reciben un total de 800 quejas al año por anomalías en la operación de las mesas directivas, de planteles que llegan a recaudar en ocasiones hasta poco más de 1.5 millones de pesos anuales, dependiendo de la cantidad de estudiantes y si se dividen en uno o dos turnos.
IMPOSIBILITADOS PARA SANCIONAR
Aunque la AEPAF tiene como finalidad regular y vigilar que los recursos de las sociedades de padres de familia se apliquen para el bien común en las escuelas públicas en materia de infraestructura o mejoras de las condiciones de planteles, cuando se presentan casos de desvíos la AEPAF solo sirve como intermediaria con las mesas directivas, además de brindar asesoría jurídica para recuperar los recursos, pero las demandas por la vía civil son interpuestas por los padres de familia agraviados y no por la asociación, quien sólo brinda asesoría legal.
Cabe señalar que no está en las facultades de la AEPAF la regulación o sugerencia de establecer tarifas de cobro en las sociedades de padres de familia, situación por la cual se presentan casos en donde se cobran más cuotas "voluntarias” en jardines de niños, que en escuelas de educación secundaria.
