ESMERALDA BARRERA/REPORTERA
FRONTERA, COAH. Más de 50 habitantes de la colonia Diana Laura se manifestaron en el Ministerio Público exigiendo frenar los abusos de los Ministeriales y constantes amenazas de sacarlos de las viviendas que hace cerca de 25 años habitan y posteriormente en la Presidencia Municipal para pedir se les ayude con la expropiación de los sectores 3 y 4 que se mantienen en litigio y aun así Jorge Cárdenas se ostenta como dueño y pretende sacarlos de sus viviendas.
Encabezados por el gestor social Javier Chaires Cortez, los habitantes de esta colonia dieron a conocer que algunos de ellos han pagado hasta en 3 o 4 ocasiones por los terrenos que habitan, ya que constantemente aparecen nuevos dueños que les exigen pagar el predio que ocupan, y por temor a perder el patrimonio que en 25 años han formado aceden a pagar.
Dijo que los últimos días han llegado hasta los hogares de los sectores 3 y 4 de la Diana Laura Policías Ministeriales para amedrentar a la gente, les dicen que van a derribar las viviendas y entregan ordenes de comparecencia, sin embargo el proceso para definir al verdadero dueño se lleva a cabo en juzgados donde nada tiene que ver la Policía Investigadora.
“El doctor Cárdenas es quien se ostenta como dueño y es quien ha amenazado con derrumbar las casas si no pagamos, pero nosotros ya pagamos por esos terrenos donde ahora hay un juicio”.
Los ciudadanos exigieron se les deje de molestar hasta en tanto el Juez no de un fallo y cuando se compruebe quien es el legítimo dueño llegar a un acuerdo, o bien buscar ante los Gobiernos Federal, Estatal y municipal para que se de un proceso de expropiación como hace muchos años sucedió en la Borja, para que las familias no tengan que volver a pagar por el terreno donde hace 25 años habitan y ya tienen su patrimonio.
“Sale un dueño y otro y la gente ya esta cansada de pagarle a todo mundo, ahí la gente tiene apenas un sueldo para comer y no pueden estar pagando
3 y 4 veces el terreno, y ahora el doctor presiona a través de los Ministeriales para intimidar a la gente, eso es violación a los Derechos Humanos”.
Resaltó que son más de 300 familias las que están atravesando por esta situación y pidieron la intervención de la actual administración para que les ayude a terminar el calvario y la incertidumbre en que viven, sobre todo el temor de que derrumben las viviendas que con tanto sacrificio han construido a lo largo de los años.
