REDACCIÓN/EL TIEMPO
Con la implementación de acciones concretas derivadas de una estrategia bien planeada y coordinada con las autoridades de los tres órdenes de Gobierno, la Administración Estatal logró contrarrestar los efectos negativos que en materia de seguridad registraba Coahuila en el año 2011.
Años atrás, en Coahuila no se podía transitar libremente por el Estado; había municipios y regiones cooptados por la delincuencia; no había coordinación entre los distintos órdenes de Gobierno.
Tampoco capacidad de la fuerza pública para detener al crimen organizado; el promedio mensual de homicidios era de 100; estaba en riesgo la gobernabilidad.
Por lo anterior, con el respaldo del Gobierno de la República, la Administración Estatal desarrolló políticas públicas concretas en materia de seguridad en beneficio de la población de las regiones Laguna, Sureste, Centro-Desierto, Carbonífera, Cinco Manantiales y Norte.
Se determinó la coordinación efectiva con los otros órdenes de Gobierno, y con las autoridades de entidades vecinas, se fortaleció el marco legal, y se enriqueció la infraestructura de seguridad.
También, se dignificó el servicio que prestan las y los elementos de las fuerzas policiales; se trabajó en su depuración efectiva.
En este sentido, es preciso recordar que la coordinación efectiva con los otros órdenes de Gobierno, permitió consolidar el Consejo Estatal de Seguridad Pública que periódicamente se reúne; lo integran Autoridades Federales, Municipales y Estatales así como representantes de la sociedad civil.
En todas las regiones del Estado hay reuniones semanales denominadas Grupos de Coordinación, donde se expone la incidencia delictiva y se proponen operativos para disminuir delitos con mayor prevalencia.
De igual forma, también semanalmente, se realizan Operativos BOM (Base de Operaciones Mixtas), con elementos de los tres niveles de Gobierno.
Como parte de la estrategia integral que desarrolla Coahuila para la recuperación de la seguridad, el Estado forma parte del Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, que permitió identificar 10 polígonos de alta incidencia delictiva en Acuña, Matamoros, Saltillo y Torreón.
En tanto la coordinación con los Estados vecinos, permitió formalizar el Programa Laguna Segura (Fuerza Metropolitana), que encabeza la SEDENA, y en el que participan el Agrupamiento Preventivo de Fuerza Coahuila y la Policía de Durango.
Por otra parte, ante la demanda de adecuación del marco legal a los cambios legislativos en el orden federal, en materias como Economía, Seguridad, Justicia, Desarrollo Social, Derechos Humanos, Igualdad de Género, entre otras, se presentaron 316 Iniciativas para la creación de 76 nuevos ordenamientos y reformar otros 267.
Se aumentaron las penas por la comisión de delitos como secuestro, extorsión, venta indebida de alcohol, y homicidio en contra de miembros del Ejército, Agentes de Seguridad y Cuerpos Policiales.
Además, se tipificaron como nuevos delitos la contratación de personas en las áreas de Seguridad Pública que no aprobaron exámenes de control de confianza; operación de establecimientos como yonkes, casinos; table dance o narcomenudeo.
Circulación de vehículos con placas sobrepuestas; peleas entre animales; prestación de servicios privados de seguridad sin permisos; desaparición forzada de personas; facilitación delictiva (halconeo); utilización de insignias o vehículos oficiales con fines ilícitos y prohibición de venta de alcohol sin permiso y fuera de los horarios permitidos.
