Fiscalía de Perú interroga por segunda vez a Boluarte por 'Rolexgate'

Fiscalía de Perú interroga por segunda vez a Boluarte por 'Rolexgate'
El Universal / El Tiempo Monclova

Al término de una hora de indagatoria, la mandataria abandonó la sede de la fiscalía, en el centro de Lima, sin dar declaraciones

La presidenta de Perú, Dina Boluarte, compareció este miércoles ante los fiscales que la investigan por el "Rolexgate", un caso de presunta corrupción que tiene en la mira a su ya debilitado gobierno.

Es la segunda vez que Boluarte es citada a declarar desde que en marzo estalló el escándalo de los relojes de lujo Rolex y joyas que no consignó en su lista de bienes.

Al término de una hora de indagatoria, la mandataria abandonó la sede de la fiscalía, en el centro de Lima, sin dar declaraciones.

A las afueras del edificio custodiado por la policía, una docena de manifestantes exigió entre gritos su renuncia. "Esta sinvergüenza no se puede quedar hasta el 2026 (...). No podemos soportar este gobierno", dijo a la AFP María Maldonado, de 52 años.

La fiscalía investiga a Boluarte por presunto enriquecimiento ilícito y omisión de consignar bienes en documentos. También indaga si incurrió en "cohecho pasivo impropio", un delito que implica recibir beneficios indebidos por parte de funcionarios.

"No tenemos nada que ocultar y estaremos cuantas veces sea necesario compareciendo ante el Ministerio Público, brindando declaraciones cuando estas nos sean solicitadas", comentó el jefe de gabinete, Gustavo Adrianzén, tras la diligencia judicial.

En su primera declaración ante la fiscalía el 5 de abril, Boluarte indicó que los relojes Rolex le fueron entregados en préstamo por su amigo y gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima.

Si finalmente el Ministerio Público decide acusarla, Boluarte solo puede ser llevada a juicio al final de su mandato, en julio de 2026, según fija la Constitución.

Boluarte se enfrenta al escándalo de su hermano Nicanor

Desde el viernes la presidenta enfrenta un nuevo escándalo por presunta corrupción que involucra a su hermano mayor, Nicanor Boluarte, quien fue detenido ese día de manera preliminar por un plazo de hasta 10 días por orden de un juez.

Nicanor Boluarte está bajo sospecha de comandar una red de corrupción que nombraba a funcionarios a cambio de sobornos, aprovechando el "poder de facto" que recibió de su hermana, según el poder judicial.

Al tiempo que responde ante la justicia, Dina Boluarte encara un nuevo intento de la minoritaria oposición de izquierda de someterla a un juicio de destitución en el Congreso, dominado por la derecha.

La mandataria, cuya desaprobación alcanza el 88%, según una reciente encuesta de Ipsos, carece de bancada propia y partido, por lo que el apoyo de las fuerzas conservadoras es clave para que pueda terminar su mandato en julio de 2026.

"¡Vamos a seguir caminando hasta el 28 de julio del 2026! Porque aquí el pueblo escogió una fórmula presidencial y conforme a la Constitución eso se debe de respetar", dijo la mandataria el martes en un acto público.

Con Boluarte, son seis los presidentes implicados en casos de corrupción en el último cuarto de siglo. En apenas ocho años, Perú ha tenido seis mandatarios, en medio de la peor ola de inestabilidad de su historia moderna.

Ante las acciones de la fiscalía, el gobierno ordenó sorpresivamente la disolución de la unidad policial que apoyaba al equipo de fiscales anticorrupción que allanó en marzo la vivienda de Boluarte y el despacho presidencial, en busca de las joyas.

Ese mismo equipo estuvo al frente del operativo de captura de Nicanor Boluarte.

La mandataria asumió el poder en diciembre de 2022 en reemplazo del izquierdista Pedro Castillo, quien fue destituido y encarcelado por su fallido intento de disolver el Congreso. Bolaurte era su vicepresidenta.

Tras su juramentación, estallaron protestas duramente reprimidas por la fuerza pública, en las que murieron 50 personas presuntamente por disparos de policías y militares.

A raíz de ello, Boluarte enfrenta desde enero de 2023 una investigación por presunto "genocidio, homicidio calificado y lesiones graves".

"He entrado a Palacio de Gobierno con las manos limpias y saldré con las manos limpias, como lo he prometido al pueblo peruano", dijo en abril la primera presidenta mujer de Perú.

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