La abogada de las víctimas, Brenda Zavala, declaró ante los medios de comunicación que el hecho era un acto total de corrupción
Saltillo, Coahuila, MÁS. – Jorge Ríos Coss, el abogado defensor de Gerardo Sánchez, docente sentenciado a 40 años de prisión por abusar sexualmente de una de sus alumnas de la escuela Primaria Urbano Flores en Saltillo y quien enfrenta un segundo proceso legal por una segunda víctima, tendría nexos que le han permitido favorecer a su cliente en cuatro ocasiones, en los últimos dos años.
A mediados de febrero, la familia de una de las víctimas tomó las calles aledañas al edificio del Poder Judicial Federal luego de que una juez emitiera un amparo a favor del ya sentenciado que le permitiría obtener la libertad condicional.
La abogada de las víctimas, Brenda Zavala, declaró ante los medios de comunicación que el hecho era un acto total de corrupción, pues las familias presenciaron como el abogado Jorge Ríos Coss le agradecía el favor al secretario de acuerdo, Jaime Jasso Dávila, por el favor.“No es un error ni de principiantes, es un acto total de corrupción, un día anterior estaba el licenciado Ríos con el secretario, el licenciado Jasso, agradeciéndole el favor de haber emitido esa resolución”, dijo.
Esta fue la cuarta ocasión en la que la misma Jueza Federal emitió un recurso que le brindaba libertad al abusador de la primaria Urbano Flores, solicitado por el abogado Ríos, el cual fue resuelto en un mes, a pesar de que en ocasiones pueden tardar hasta años.“El secretario, el licenciado Jasso, les comentó a las mamás, y tienen la conversación grabada, donde les dice que independiente de que presenten el recurso (de revisión) tiene que salir (el docente acusado) y el licenciado Ríos solicitó una audiencia para, y son sus palabras, ‘para ya llevarme al señor Gerardo’”, explicó la abogada.
Luego de llevar a cabo una investigación, este medio encontró que el abogado del docente fue aspirante a ocupar la Fiscalía General del Estado en septiembre de 2017; sin embargo, fue descartado en el proceso por no cumplir con los requisitos necesarios.
También fue director de regulación de empresas privadas y subdirector de averiguaciones previas en la Procuraduría General de Justicia del Estado, así como agente del ministerio público.
Ríos Coss estuvo involucrado en el proceso de investigación del siniestro de Pasta de Conchos, donde perdieron la vida 65 mineros. Según los antecedentes encontrados, el proceso arrancó en Coahuila con investigación de oficio iniciada por la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado, que designó a Jorge Ríos Coss como fiscal especial del caso.
Su tarea era servir de enlace entre el Ministerio Público y las familias de las víctimas, quienes señalaron a este medio que el trabajo de Ríos Coss en Pasta de Conchos fue totalmente imparcial, pues a pesar de ser el representante de las familias en el proceso de investigación la opacidad de la que era cómplice, les bloqueo el acceso a la justicia.
Según señaló una de las viudas de los mineros, durante el proceso las familias desconocieron el delito que había sido imputado a los implicados y en diversas reuniones las familias solicitaron ser coadyuvantes en el proceso y aportaron datos de prueba importantes las cuales fueron recibidas por Ríos, pero no tomadas en cuenta.
Al finalizar el periodo de investigación, Ríos les aviso que podían pasar por un cheque con el monto de la reparación del daño dando por finalizado el proceso sin antes haberles consultado si deseaban que su terminación fuera anticipada.
¿QUIÉN LE PAGA A RÍOS?
Cabe recordar que el Instituto de Defensoría Pública del Estado señaló a este medio de comunicación que actualmente no representa a ninguno de los docentes acusados de abusar sexualmente de menores en instituciones educativas.
Al igual que otros trabajadores de la educación, Gerardo Sánchez goza de una representación de carácter privado que, según el Foro Profesional de Abogados de Saltillo, costaría hasta un millón de pesos.
Según la oficina de servicios regionales educativos, cuando se presenta una situación de esta índole, el departamento jurídico de la Secretaría de Educación suspende al trabajador en tanto resuelve su situación ante las autoridades correspondientes por lo que no recibe un sueldo, ni puede desempeñarse como docente en ninguna institución educativa.
Además, Everardo Padrón, Secretario General de la Sección 5 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), presentó en mayo del 2023, un cuerpo de representación legal y abogados que defendería a sus profesores agremiados al considerar que existe un daño al prestigio y honorabilidad de los maestros, que en ocasiones son víctimas de calumnias y mentiras, señaló que solicitó contar con un área jurídica profesional que respalde al personal educativo.
