ESMERALDA BARRERA/REPORTERA
CASTAÑOS, COAH. “Piso parejo” para todos los servicios de pasaje pidió el dirigente en Monclova de la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos, luego de los operativos que la Policía Federal está implementando como “cacería de brujas” contra los turísticos a quienes aseguró multa incluso por encima de los parámetros que marca la ley.
Armando Fernández Angulo, Dirigente en Monclova de CONATRAM dio a conocer que existen en la región 12 empresas turísticas que brindan servicios o bien rentan las unidades a coordinadores de viajes, la que los últimos 6 meses se han visto afectados dado que las líneas establecidas como Senda los acusan de competencia desleal y se han emprendido operativos en su contra.
“No, nos negamos a estos operativos, lo que queremos es que sea parejo, un piso parejo para todos, jamás nos vamos a negar a que nos hagan revisiones y si estamos cometiendo un error se sancione, pero que así sea parejo con todos”.
Dijo que estos operativos de que han sido víctimas vienen de intereses más arriba de las líneas de trasporte que se sienten desplazados por la competencia desleal que supuestamente representan las empresas de turísticos, principalmente por grupo Senda que es el monopolio que existe en la región, que da costos muy elevados con unidades en malas condiciones y hasta con placas sobrepuestas y en contra de estos no se actúa.
Destacó que hay coordinadores que rentan los camiones para hacer los viajes y se piensa que se hace un servicio simulado y que se está boleteando sin embargo esto no es cierto porque en realidad se ofrece un servicio turístico o de compras donde además las unidades cuentan con seguro, tarjetas de circulación y toda la documentación.
“Porque a nosotros nos paran y nos revisan de cabo a rabo, todo revisan pero a los de Senda que no tienen todos los documentos, el seguro es colectivo, circulan con placas sobrepuestas, no presta un servicio eficiente y además es caro y no les revisan nada”.
Destacó que además mediante los operativos les están aplicando multas excesivas que llegan hasta los 850 salarios mínimos cuando la ley contempla sanciones mucho más bajas y además retiran a los camiones y llevan al corralón, afectando a muchas familias con ello.
