Los afectados informaron que se llevaron más cosas de las que había indicado el juez.
Una familia de comerciantes que vive en el este de Saltillo denunció el robo de sus posesiones después de que se llevara a cabo una orden de embargo durante la tarde de este martes en la colonia Puerta del Rey.
Los afectados señalaron a los empleados de una empresa de mudanzas que trabaja para el Poder Judicial del Estado como responsables. También causaron daños en la cocina y el comedor, incluso derribaron una imagen religiosa de la Virgen de Guadalupe.
Alejandro Luna y Rosario N., los afectados, estaban en su casa ubicada en la calle Alfonso V, número 151. Llegó una patrulla de la Policía Estatal junto con un camión de carga, y una mujer que se identificó como la supuesta abogada Verónica Elizabeth Sánchez tocó a la puerta. Luego, un hombre delgado con barba se identificó como secretario de acuerdos y trámites.
Les informó que estaban allí para llevar a cabo la orden de embargo debido a un préstamo de 350 mil pesos que no habían pagado. Protestaron diciendo que era ilegal porque nunca les enviaron una notificación antes de la orden para inspeccionar los bienes que iban a ser embargados. "Mi queja es que nunca me notificaron y hoy que vinieron a mi casa me dicen que se llevarán un refrigerador, un juego de comedor, una vitrina, una mesa de desayuno de hierro forjado y un horno de microondas".
En ningún momento se opusieron al embargo; permitieron que el representante del juzgado y dos agentes de policía estatales ingresaran. Estaban molestos porque una supuesta abogada había entrado sin permiso a su casa y, mientras discutía con ellos, los empleados o cargadores entraron a la cocina, abrieron cajones y tiraron todo lo que encontraron, incluso documentos oficiales e imágenes religiosas.
Se llevaron artículos que no estaban mencionados en la orden de embargo, como una cadena de oro de 14 quilates, dos relojes y tres teléfonos celulares. Ahora los afectados dijeron que presentarán una denuncia formal por el delito de robo y esperan que el juez que presenció el embargo no proteja a los empleados.
