Luisa María Alcalde aseguró que eliminar la prisión preventiva oficiosa pondría en riesgo a la población civil, a la seguridad nacional y a los propios juzgadores.
El Gabinete de Seguridad envió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una carta en la que le expusieron sus preocupaciones con la posibilidad de eliminar la prisión preventiva oficiosa que podría dejar en libertad de 68 mil presuntos delincuentes, informó la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Luisa María Alcalde.
En la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador de este martes 16 de abril en Palacio Nacional, la secretaria de Gobernación dijo que podrían quedar en libertad 11 mil 640 acusados de homicidio; 7 mil 150 acusados de secuestro; 5 mil 617 de violación; 4 mil 13 de narcotráfico y narcomenudeo; 3 mil 800 de portación de armamento y explosivo; mil 405 de feminicidio; mil 273 de abuso infantil y corrupción de menores y 405 por delincuencia organizada.
Señaló que uno de los estados más afectados sería el Estado de México, en el cual hay 21 mil personas en prisión preventiva oficiosa.
“El número es alto porque la problemática está vinculada a la enorme tardanza de los propios jueces, recursos y amparos que hacen que estos procesos duren mucho tiempo en resolverse, lo que debe ser atacado por el propio Poder Judicial”, refirió.
Alcalde aseguró que eliminar la prisión preventiva oficiosa pondría en riesgo a la población civil, a la seguridad nacional y a los propios juzgadores.
Advirtió que algunos juzgados federales se han adelantado a la decisión de la Corte, pues el Pleno de la Región Centro Norte, que comprende 18 estados, emitió una jurisprudencia a todos los jueces a conceder amparo que promueven las personas con órdenes de aprehensión por delitos que amerita prisión preventiva oficiosa.
La secretaria de Gobernación hizo un llamado a los ministros de la SCJN a respetar la Constitución, la división de poderes, no excederse en sus facultades y considerar las graves consecuencias que traerá eliminar la prisión preventiva oficiosa para la seguridad nacional y que valoren acatar el problema de la enorme tardanza de sus resoluciones.
