Se impondrán de cincuenta a cien días de multa y prisión de seis meses a tres años a quien ejerza cualquier tipo de presión sobre el electorado.
Saber sobre los delitos electorales, como los bloqueos en casillas, es esencial para la democracia. Las autoridades federales y estatales previenen estos actos mediante vigilancia, educación y mecanismos de denuncia. La ciudadanía informada y colaborativa es clave para detectar y reportar estas irregularidades, asegurando elecciones justas.
Según la Fiscalía General de la República (FGR) de manera genérica, un delito es todo acto u omisión contrario a la ley previsto y sancionado penalmente por la misma. Los delitos electorales son aquellas acciones u omisiones que lesionan o ponen en peligro el adecuado desarrollo de la función electoral y atentan contra las características del voto, que debe ser universal, libre, directo, personal, secreto e intransferible.
Medidas. Con respecto a la posible intervención en las elecciones del próximo 2 de junio mediante el bloqueo de casillas electorales, el delegado regional de la Fiscalía General del Estado, Rodrigo Chairez Zamora, expuso que tanto el Instituto Nacional Electoral (INE), como el Instituto Electoral de Coahuila (IEC), han propuesto medidas de protección y seguridad ante dicho evento electoral, considerado uno de los más grandes en la historia de México. Chairez Zamora subrayó la importancia de estas medidas, destacando que en caso de que se presente algún incidente que constituya un delito electoral, antes o durante las votaciones, la Fiscalía deberá intervenir de manera inmediata para garantizar la legalidad del proceso.
Acciones. En dado caso de detectarse alguna intención negativa, se pondrá en marcha el protocolo de reacción que fue previamente establecido. Este protocolo ha sido diseñado para atender cualquier incidente que pudiera entorpecer la jornada electoral, asegurando que las autoridades federales y estatales intervengan de manera coordinada para resolver cualquier situación adversa.
Las autoridades han enfatizado que el objetivo principal es garantizar un ambiente seguro y ordenado para todos los ciudadanos que participarán en la votación.
Razones. Las acciones contempladas buscan prevenir y responder de manera efectiva a cualquier intento de obstrucción del proceso electoral. El INE y el IEC han trabajado en conjunto para desarrollar un plan de seguridad que incluye la vigilancia de las casillas electorales y la presencia de fuerzas de seguridad en puntos estratégicos. Además, se ha previsto un esquema de comunicación rápida entre las autoridades electorales y la Fiscalía para asegurar una respuesta inmediata ante cualquier eventualidad. En resumen, se pretende que la jornada electoral del 2 de junio transcurra sin contratiempos, con la garantía de que cualquier manifestación o intento de interferencia será abordado de manera oportuna y adecuada por las autoridades competentes. Este esfuerzo coordinado entre las instituciones electorales y de seguridad busca asegurar la integridad y transparencia del proceso electoral, protegiendo el derecho de todos los ciudadanos a ejercer su voto en un ambiente de paz y seguridad.
Penalidad. El delito de interrupción electoral está regulado por la Ley General en Materia de Delitos Electorales en México. Según esta ley, se impondrán de cincuenta a cien días de multa y prisión de seis meses a tres años a quien ejerza cualquier tipo de presión sobre el electorado para votar o abstenerse de votar por una o un candidato, partido político o coalición. Es importante recordar que las sanciones pueden variar dependiendo las circunstancias específicas del caso según las investigaciones.
